Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole[1]. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas[2].
Ortecho Villena clasifica la igualdad en: (1) Igualdad Civil, como un derecho de la persona humana para gozar y usar de las libertades individuales y sociales consagradas por nuestra Carta Fundamental, sin discriminación alguna por razón de raza, religión, opinión o idioma. La idea de igualdad civil resulta ser sinónimo de existencia de igualdad de derechos, aún cuando el goce de los mismos pueda ser diferenciado de acuerdo a las particularidades de cada hombre o grupo, siempre resulta insuficiente frente a la desigualdad de posibilidades de cada persona. Ello exige que se le dé más chance y ayuda a aquel que esté por debajo de ese nivel de posibilidades. (2) Igualdad Jurídica, es una igualdad necesaria que debería aplicarse a través de los reglamentos, los actos de la administración y la aplicación concreta de los actos de los particulares, en los cuales se introduzcan distinciones en contra de la igualdad legal. La igualdad jurídica debe ser equiparada con la norma de aplicación de una ley y dentro de la cual el Juez tenga una facultad discrecional, para distinguir las desigualdades de los contrincantes o contendientes. (3) Igualdad Social, este escalón de la igualdad es el más superior y por el que luchan las masas populares. Esta igualdad se identifica como la justicia social[3].
Cesar Landa citando a Francisco Rubio Llorente, afirma que “el derecho de igualdad se concretiza en los siguientes aspectos: (a) Igualdad ante la ley: quiere decir que la norma, como disposición abstracta, general e intemporal, debe tratar a todos por igual. (b) Igualdad en la ley: implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos jurídicamente iguales, y que cuando ese órgano considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer una fundamentación suficiente y razonable. (c) Igualdad en la aplicación de la ley: supone que esta sea interpretada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el aplicador de la norma pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en las normas”[4].
La igualdad presenta 3 aspectos: (a) Tiene que ver con la imposibilidad de otorgar privilegios, en materia tributaria se identifica con el derecho fundamental de la persona de igualdad ante la ley. (b) El tributo debe aplicarse a todos aquellos que incurran en el hecho generador definido en la norma, aspecto que está relacionado al principio de generalidad. (c) Supone que la norma tributaria grave de acuerdo con las distintas capacidades contributivas, ligado al principio de uniformidad[5].
Paolo Comanducci afirma que “la igualdad formal está conectada conceptualmente a la idea de justicia distributiva que puede resumirse en la máxima suum cuique tribuere (dar a cada cual lo suyo) que es el equivalente al deber de tratar a los iguales de manera igual y a los diferentes de manera diversa”[6].
Ortecho Villena comenta que “en el derecho de igualdad ante la ley, los pilares fundamentales son la prohibición de la arbitrariedad y la negación a introducir en el ordenamiento jurídico desigualdades injustas entre las personas, por ejemplo que la ley otorgue determinados derechos a unos y a otros no, o reconozca a unos determinada capacidad jurídica y a otros no, o le niegue a determinados ciudadanos ciertos derechos o acceso a los cargos públicos por razón de su credo político”[7].
Existen dos categorías jurídico constitucionales: (1) Diferenciación: constitucionalmente admitida, en la medida que se permiten a las leyes especiales, dada la naturaleza de las cosas, pero no por la diferenciación arbitraria entre las personas (Art. 103° de la Constitución). (2) Discriminación: cuando la desigualdad de trato no sea necesaria, idónea ni proporcional, lo que es constitucionalmente intolerable[8].
Para García Belsunce se trata de una igualdad de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias, en consecuencia a las situaciones o circunstancias desiguales corresponden tratamientos desiguales, tratamiento que se debe justificar en situaciones o circunstancias razonables y lógicas, que se fundamenten en la capacidad contributiva y en la necesidad de conveniencia de cumplir con los propósitos de interés nacional que conduzcan al bienestar general. Por ejemplo, establecer inafectaciones, exoneraciones o beneficios fiscales puede responder a situaciones marginales de un grupo de sujetos pasivos o la diferencia en las tasas respecto a los signos exteriores de riqueza como son las rentas, el patrimonio o los consumos[9].
De todo lo expuesto es importante resaltar que el respecto a la igualdad no significa que a todos se trate por igual, sino que admite diferenciación en el trato cuando a las situaciones o circunstancias desiguales corresponden tratamientos desiguales, tratamiento que se debe justificar razonablemente.
[1] Constitución, Art. 2°
[2] Constitución, Art. 103°
[3] Víctor Julio Ortecho Villena, Derechos y Garantías Constitucionales, p.9
[4] Rubio Llorente, 1995, citado por Landa Arroyo,2006, p. 208
[5] HERNANDEZ BERENGUEL, 1993 citado por La Defensoría del Pueblo, Informe N° 33
[6] Paolo Comanducci, Democracia, Derechos e Interpretación Jurídica, pp. 31 a 44
[7] Víctor Julio Ortecho Villena, Derechos y Garantías Constitucionales, p.9
[8] STC 48-2004-AI, fj. 62
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